La Iguala Blogs

Jueves, 3 Julio   

Es un contrato de arrendamiento de servicios más propio del ámbito mercantil que civil. Se caracteriza porque se establece una cantidad fija en concepto de honorarios profesionales (no sueldo) y se entiende que con esa cantidad se cubren los servicios que abogado preste a su cliente por el tiempo que dure la relación.

El empresario es quién pacta la igualda con el abogado, debe ser observado en el sueldo mínimo (ello es debido a presiones de sindicatos y convenios colectivos), una vez que se integra en la plantilla es un trabajador cualquiera (sobre todo en grandes empresas que puedan permitirselo), tienen incluso vacaciones como el resto de plantilla. El propio empresario, por ello descarta la opción de contrato laboral por lo general.

En los pleitos de menos de 100.000 pesetas cobra el 35%, en menos de 500.000 pesetas el 20%, luego la minuta es degresiva.

El abogado no se compromete a comprometer su responsabilidad a un determinado resultado. El abogado está sujeto a tres responsabilidades: penal, civil y disciplinaria en el cumplimiento de sus obligaciones. Puede incurrir en un delito, obligación de indemnización de daños y perjuicios en todo contrato civil: si el daño y perjuicio de cuantía superior a 100.000 pesetas, el cliente puede contratar a otro abogado para que demande al primero (cosa difícil)

La responsabilidad disciplinaria entra en juego por incumplimiento de obligaciones de la profesión. La sanción más grave es la expulsión.

Se considera que el abogado gana lo mismo gane o pierda el pleito, está mal visto que abogado realice la cuota litis o cobrar un porcentaje en función de lo que gane el cliente en el pleito.

Otra obligación del abogado es el secreto profesional. Es de tal modo circunstancial a la figura del abogado, que la abogacía no sería posible sin el secreto profesional. Para poder defender los intereses del representado es imprescindible conocer la verdad.

El abogado que revele los secretos del cliente sin su consentimiento puede incurrir en delito. El abogado no tiene un procedimiento declarativo ordinario para poder reclamarle la deuda al cliente sino un procedimiento especial (Lec 1/2000) para el cobro de sus honorarios.